La propuesta aborda una serie de problemas estructurales y de larga data en el empleo público chileno, que afectan directamente la dignidad, los derechos y la protección social de miles de trabajadores. En esencia, busca resolver la precarización laboral y la desigualdad generadas por el uso extendido de contratos a honorarios y subcontratación para funciones que, en la práctica, son permanentes y esenciales para el funcionamiento del Estado. Los problemas específicos que esta propuesta resuelve son: La "Ficción Jurídica" y la Desprotección Laboral: Uso indebido de contratos a honorarios: La Contraloría General de la República ha definido el contrato a honorarios como un mecanismo para labores "ocasionales, específicas, puntuales y no habituales". Sin embargo, la realidad es que un número significativo de trabajadores a honorarios (47.513 en el Gobierno Central a marzo de 2024 ) desempeñan funciones habituales y permanentes, bajo una relación de subordinación y dependencia que es propia de un contrato laboral. Esta "ficción jurídica" permite a las instituciones públicas eludir las obligaciones y costos asociados a un contrato de trabajo formal.   Ausencia de derechos laborales básicos: Como consecuencia directa de esta clasificación errónea, los trabajadores a honorarios históricamente no han tenido acceso automático a beneficios fundamentales como vacaciones pagadas, licencias médicas, indemnización por años de servicio o seguro de cesantía. Sus condiciones laborales dependen exclusivamente de acuerdos específicos, dejándolos en una posición de vulnerabilidad.   Brechas en la Protección de la Seguridad Social (Ley N° 16.744): Exclusión histórica de la Ley N° 16.744: Los trabajadores a honorarios estuvieron en gran medida excluidos del seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley N° 16.744). Esto significaba que, en caso de sufrir un accidente laboral o contraer una enfermedad profesional, asumían el costo total de la atención médica y la pérdida de ingresos, sin acceso a las prestaciones médicas y económicas que sí tienen los trabajadores dependientes.   Cobertura gradual y condicional: Aunque la Ley N° 21.133 (vigente desde 2019) hizo obligatorias las cotizaciones de seguridad social para los honorarios, incluyendo la cobertura de la Ley N° 16.744 , esta implementación es gradual (alcanzando el 17% de retención en 2028) y, crucialmente, la cobertura está condicionada a que el trabajador esté "al día en el pago de las cotizaciones". Esto crea una brecha significativa con los trabajadores dependientes, quienes están cubiertos desde el primer día de trabajo, incluso si el contrato aún no ha sido formalmente firmado. La propuesta busca eliminar esta condicionalidad y asegurar una protección plena e inmediata.   Desigualdad en Remuneraciones y Estabilidad Económica: Salarios inferiores: Los trabajadores subcontratados y a honorarios a menudo perciben salarios inferiores a los de los empleados directos del sector público que realizan funciones similares. Inestabilidad económica: La falta de beneficios y la naturaleza temporal de sus contratos generan una gran inestabilidad económica, dificultando la planificación financiera y el acceso a créditos o vivienda. Falta de Desarrollo Profesional y Sentido de Pertenencia: Los trabajadores a honorarios y subcontratados rara vez acceden a las oportunidades de capacitación, desarrollo profesional y ascensos que sí tienen los empleados directos, limitando su crecimiento de carrera. La ausencia de un vínculo laboral directo con la institución puede generar una falta de sentido de pertenencia y menor motivación. Limitaciones en la Participación y Representación Sindical: La naturaleza de sus contratos dificulta la organización sindical y la negociación colectiva, debilitando su capacidad para defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. En síntesis, la propuesta busca erradicar un modelo de empleo público que ha perpetuado la precariedad y la desigualdad, reemplazándolo por un sistema que garantice a todos los trabajadores del Estado los derechos y la protección social que merecen, alineando la formalidad contractual con la realidad de las funciones desempeñadas.