Propuesta 1.1: Modificar el sistema de evaluación de programas estatales contemplada en el DL
2.068 de DIPRES, aumentando el peso real de las dimensiones de indicadores de eficiencia
(30%), economía (30%) y calidad (25%); y disminuyendo el peso de la dimensión de eficacia
(15%).

La Dirección de Presupuesto (DIPRES) se rige por el Decreto N° 2.068 de 2021 que reglamenta
el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas, establecido
en el artículo 52 del Decreto Ley N° 1.263, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Estado. Este reglamento busca establecer las normas para evaluar el desempeño de los
programas y entidades públicas en Chile.
Hasta el año 2022 se realizó una evaluación de los indicadores, su naturaleza y dimensiones
aplicadas al aparato Estatal. Los resultados demostraron que a pesar que la misión de DIPRES
tiene relación con “velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos, en el marco
de la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera,
programación y control de gestión”, el indicador de eficiencia solo pesaba un 1%, mientras que
los ámbitos de economía y resultados solo alcanzaban un 8% y un 3% respectivamente. En
contraste, los programas y políticas estatales están siendo evaluadas principalmente mediante la
dimensión de eficacia (74%) la cual solo se limita a mostrar el cumplimiento de un objetivo –
meta, pero no su calidad, resultados e impactos (Informe DIPRES 2015 – 2022).
Para la propuesta, se realizará trabajo conjunto con Universidades de distintas regiones de Chile,
bajo la convocatoria del Fondo de Evaluación de Impacto. Se considerará una variable regional en
el concurso que tendrá un 20% de peso en equipos inter-universitarios que presenten proyectos
para el mejoramiento y transformación de la forma en que medimos nuestro Estado (indicadores,
dimensiones, tipos de indicadores, formulas y extensión de modelos de análisis cuantitativos
cuasiexperimentales/experimentales) para retomar el avance hacia un sistema que privilegie la
eficiencia y la pertinencia económica de las políticas y programas.