Mi nombre es Felipe Peñaloza, soy dueño de una empresa que trabaja ejecutando proyectos licitados en el mercado público. En Chile existe una ley (Ley N° 21.131, conocida como “Ley de Pago a 30 Días”) que establece que el Estado debe pagar las facturas a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, en la práctica esto rara vez se cumple.

Por diversas razones administrativas, burocráticas o negligencias internas, los pagos se demoran 60, 90 días o incluso más de un año. Esto afecta gravemente a las micro y pequeñas empresas (MYPEs), que operan con flujos limitados y dependen de la puntualidad en los pagos para cumplir sus propias obligaciones: sueldos, cotizaciones, materiales, impuestos, etc.

Mi propuesta es simple:

Hacer cumplir de manera efectiva y obligatoria la Ley de Pago a 30 Días, estableciendo un sistema de fiscalización real y sanciones automáticas a los servicios públicos que no paguen en el plazo establecido.
Además, propongo la creación de un canal digital de denuncias directas y transparentes para proveedores que enfrentan demoras, y una unidad de seguimiento independiente que garantice una trazabilidad clara de cada factura emitida y su estado de pago.
Las MYPEs somos el motor de la economía. De nuestro trabajo dependen cientos de familias. No puede ser que, teniendo los recursos, el Estado retrase injustamente pagos por los que ya se entregaron bienes o servicios. La estabilidad y crecimiento de Chile también pasa por dar certeza a quienes lo construyen día a día.