Me dirijo a usted como ciudadana del norte de Chile, una zona que ha sido fuertemente impactada por la inmigración irregular en los últimos años. Es evidente que existe un problema grave con el control fronterizo, pero aún más preocupante es que, una vez dentro del país, muchas personas que ingresan de manera ilegal acceden a una gran cantidad de beneficios sociales, generando una sensación de injusticia entre los ciudadanos chilenos.

En Chile, casos como el acceso prioritario de inmigrantes a viviendas sociales, a pesar de llevar pocos años en el país, mientras muchos chilenos han esperado décadas por lo mismo, resultan indignantes. Lo mismo ocurre con la sobrecarga de colegios públicos, donde familias chilenas quedan sin cupo por la alta demanda, muchas veces relacionada con extranjeros en situación irregular. Esta situación se repite en hospitales públicos y en la instalación informal de negocios o tomas de terreno, donde incluso se les otorgan servicios básicos sin pagar impuestos ni permisos.

No se trata de estar en contra de la inmigración, sino de exigir un mínimo de equidad y sentido común. Ningún país desarrollado otorga beneficios estatales a quienes han ingresado de forma ilegal menos aún por sobre sus propios ciudadanos. De hecho, en muchos lugares ni siquiera se permite la compra de propiedades a extranjeros sin residencia formal.

Por eso, mi propuesta es clara:
Los beneficios sociales deben ser exclusivamente para chilenos.

- La vivienda social debe ser un beneficio exclusivo para chilenos nacidos en Chile. No para extranjeros. 

- Cupos escolares para niños chilenos (prioridad) posteriormente para residentes legales.

- Atención en salud pública únicamente en emergencias puntuales, no de forma continua para quienes estén en situación irregular.

Seguir permitiendo esto solo incentiva el desorden migratorio. No puede ser que mientras miles de chilenos esperan por una casa, una atención médica o un cupo escolar, el Estado esté destinando recursos a personas  que ni siquiera han ingresado por los canales legales.

Esto no se trata de odio, se trata de justicia. Chile debe volver a priorizar a los chilenos.