Disminuir el presupuesto del Ministerio de Justicia destinado a usuarios del servicio de mediación familiar licitado que se encuentra monopolizado por unas cuantas empresas licitadas inamovibles a lo largo de Chile  que por años han estado lucrando con la prestación pública de los servicios de mediación gratis para personas que si tienen los medios económicos para pagar por la prestación del servicio de mediación  en forma privada a Mediadores inscritos en el registro único del Ministero de Justicia. El Ministerio de Justicia lo hizo gratis para la mayoría de las causas relativas a pensiones de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular siendo que los criterios de vulnerabilidad NO SON REALES y termina el estado pagando a personas que no son vulnerables o no tienen privilegio de pobreza. La propuesta consiste en establecer los mismos criterios socioeconómicos que establece la corporación de asistencia judicial (CAJ) a lo largo del país para entregar el servicio gratuito como lo es encontrarse hasta el 50% de la calificación socioeconómica que entrega el RSH (Registro Social de Hogares) y/o ser beneficiario de alguna pensión básica solidaria o SUF entregada por el estado a las familias más pobres. De esa manera se puede asignar mejor y no derrochar los recursos del estado y se elimina la monopolización de los servicios de mediación licitados en Chile permitiendo que más Mediadores en Chile puedan ejercer la actividad. La libre competencia hará que mejore la calidad de los servicios de mediación que reciben los usuarios, quienes casi en un 90% actualmente son atendidos en forma injusta gratuitamente " cuando pueden pagar" en su mayoría. Además la propuesta incluye liberar el ejercicio de la mediación familiar focalizado por comunas pertenecientes a solo una jurisdicción o a lo más de dos Juzgados de Familia por Corte de Apelaciones , de tal manera que el Mediador pueda prestar sus servicios en forma presencial o remota por videoconferencia en cualquier lugar de Chile como cualquier otra actividad, profesión u oficio. Además mejorar la calidad de los mediadores familiares permitiendo bajo decreto exento que sólo las profesiones de origen ligadas a la justicia de familia y con formación en su malla curricular en famila y derecho de familia puedan acreditarse como mediadores familiares, estas son, Trabajo Social o Asistente Social y Derecho. No es posible que gente sin formación de pregrado en familia y derecho de familiar como por ejemplo profesionales de la salud, administración, pedagogía, etc; estén desarrollando la actividad de Mediador Familiar sin contar con la expertiz de carreras de pregrado, lo que precariza el servicio de mediación en el ámbito familiar que están desarrollando.