Mi propuesta busca enfrentar de manera concreta el problema de los incendios en el norte de Chile, incentivando la prevención desde las viviendas y el mundo rural. La idea central es que el Estado entregue una exención del pago de contribuciones por cinco años a todas las viviendas o predios agrícolas que implementen medidas de protección contra incendios, como cortafuegos, limpieza de vegetación seca, instalación de estanques o mejoras en materiales constructivos resistentes al fuego. Esta exención no sería simplemente un beneficio fiscal, sino que el monto equivalente a esas contribuciones se usaría automáticamente para contratar un seguro estatal contra incendios para esa propiedad, garantizando así cobertura inmediata en caso de siniestro.
De esta forma, se protege directamente el patrimonio de las familias más expuestas y se genera un doble incentivo: por un lado, las personas ahorran al no pagar contribuciones, y por otro, obtienen un seguro que no podrían costear fácilmente por su cuenta. Al mismo tiempo, se promueve una cultura preventiva, porque la exención solo se aplicaría a quienes realmente implementen medidas concretas y verificables de protección.
Además, propongo que se incluya un incentivo especial para los pequeños y medianos agricultores que construyan y mantengan cortafuegos en sus predios. Quienes lo hagan podrían acceder a bonos especiales, beneficios tributarios o mejor acceso a programas de fomento agrícola. Esto no solo protege los cultivos y la infraestructura rural, sino que actúa como una barrera natural que impide la propagación del fuego hacia sectores habitados.