Esta iniciativa tiene como objetivo erradicar la corrupción dentro de las instituciones más importantes del país, como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Armada de Chile. La propuesta contempla lo siguiente: 1.- Cárcel efectiva y sin beneficios: Toda persona perteneciente a estas instituciones condenada por corrupción, colusión, tráfico de influencias, abuso de poder o participación en redes delictuales deberá cumplir una pena mínima de 10 años de prisión efectiva, sin beneficios intrapenitenciarios, rebajas por buena conducta ni libertad vigilada. 2.- Aumento de penas según gravedad: Las penas podrán aumentar según la magnitud del daño causado a la ciudadanía, al Estado o a la institucionalidad, especialmente en casos de redes criminales, uso de recursos públicos o afectación a derechos humanos. 3.- Inhabilitación de por vida: Cualquier condenado por estos delitos quedará inhabilitado de forma permanente para ejercer cargos públicos o funciones relacionadas con la seguridad, defensa o administración estatal. 4.- Incautación total de bienes por enriquecimiento ilícito: En casos comprobados de enriquecimiento ilícito, el Estado tendrá la facultad de incautar cuentas bancarias, propiedades, vehículos, inversiones y cualquier bien adquirido con dinero proveniente del delito, tanto en Chile como en el extranjero. 5.- Supervisión externa independiente: Creación de una unidad investigadora y fiscalizadora independiente, fuera de la estructura de las propias instituciones, para garantizar transparencia, objetividad y evitar encubrimientos o conflictos de interés.