Partiendo del proyecto de ley (Boletín N.º 12159‑04), presentado por los senadores Durana, Ebensperger, Chahuán, Prohens y Pugh y aprobado en el Senado en 2023 , esta propuesta propone:
1. Sanciones claras: multas, paralización de obras y restitución ambiental.

2. Acceso público garantizado: impedir que el borde costero sea privatizado.

3. Infraestructura mínima sustentable: accesos, señalética ecológica, baños secos.

4. Participación ciudadana real: comunidades y clubes pueden promover inscripciones.

5. Fomento al emprendimiento local: escuelas de surf, hospedajes, guías, gastronomía.

6. Marco flexible y ágil: normativa eficiente, sin burocracia excesiva, potenciando innovación local.

El objetivo es proteger las rompientes como bienes públicos, garantizando libertad de uso, responsabilidad ambiental y desarrollo económico local sin perder enfoque liberal.

Presupuesto estimado inicial: $1.500 millones anuales (en infraestructura, estudios técnicos, promoción e incentivos al emprendimiento).
En términos económicos, este tipo de turismo especializado ya genera más de USD 1.533 millones anuales en Chile y se proyecta que crecerá a USD 2.211 millones hacia 2030. En zonas como Pichilemu, cada surfista deja un gasto promedio de USD 160 por día, y rompientes de alta calidad pueden generar entre 18 y 22 millones de dólares anuales a nivel local. Estas cifras evidencian el enorme potencial que tienen estas áreas para dinamizar la economía local y regional si se protegen y aprovechan adecuadamente.