1. Registro vinculante de promesas
Los candidatos presidenciales deberán inscribir oficialmente sus promesas de campaña en una plataforma pública al momento de postularse. Este registro será la base para evaluar su gestión, evitando que las promesas queden en el aire o se modifiquen sin justificación.

2. Evaluación anual de cumplimiento
Cada año de mandato se medirá el porcentaje de cumplimiento de las promesas inscritas. Se establecerán metas progresivas (por ejemplo, 20% el primer año, 40% el segundo, etc.) y se publicarán informes accesibles a toda la ciudadanía, con auditorías independientes y participación ciudadana.

3. Sanciones por incumplimiento
Si el presidente no cumple con los porcentajes mínimos establecidos, se aplicarán sanciones proporcionales: desde multas económicas destinadas a fondos sociales, hasta inhabilitación para futuras candidaturas o incluso la destitución en casos graves y reiterados.

4. Fortalecimiento de la democracia
La propuesta busca restaurar la confianza ciudadana en la política, promoviendo una cultura de responsabilidad y transparencia. Al convertir las promesas en compromisos verificables, se empodera a la ciudadanía y se eleva el estándar ético de quienes aspiran a gobernar.