Propuesta 1.14: Despolitizar el nombramiento de superintendentes para promover una
arquitectura institucional con mayor independencia de criterios políticos y más meritocráticas.

Actualmente, en la arquitectura institucional del Estado, las superintendencias cumplen un rol
fundamental en la fiscalización de las distintas áreas estratégicas de nuestro país. No obstante, en
nuestro país han desfilado casos de abusos, colusión y corrupción frente a los ojos de las
superintendencias (ej. alzas injustificadas en planes de Isapre, cortes masivos de electricidad y
fallas en el suministro, licencias médicas fraudulentas, abuso financiero en instituciones de
educación superior públicas, etc.) y estan se han comportado de forma lenta, pasiva y negligente.

A su vez, las Superintendencias están sujetas a fiscalización por parte de la Contraloría General
de la República, sin embargo, al existir vaguedades en las potestades normativas de Contraloría,
ha sido dificil poder aplicar una fiscalización activa.
Por lo tanto, queda en evidencia que la autonomía real de las superintendencias se ven
comprometidas debido al mecanismo de nombramiento presidencial: criterio de confianza política,
y no de competencias técnicas. Por eso, necesitamos fortalecer su independencia y fortalecer el rol
fiscalizador, proponemos:

Incorporar en la Ley N° 18.834 de Estatuto Administrativo la obligatoriedad de concurso público
para cargos de alta dirección, incluso si son de confianza presidencial. Dando prioridad al concurso
por sobre el criterio de confianza. De forma conexa, se procederá amplair el alcance que tiene la
Ley N° 19.882 de Alta Dirección Pública hacia los superintendentes, así como la eliminación de
las excepciones de confianza exclusiva presidencial para extirpar los nombramientos
discresionales en entidades que requieren autonomía, no dependencia política.