Propuesta 12.1: Red Nacional de Carreteras Hídricas Intercuencas para Seguridad Hídrica y
Productivo mediante implementación de infraestructura estratégica mediante concesiones
privadas sin subsidio fiscal, garantizando abastecimiento humano, caudales ecológicos y
habilitación agrícola en zonas de estrés hídrico.

En las últimas décadas se han presentado diversas iniciativas privadas para resolver este déficit
mediante trasvases intercuencas, tanto costeros como terrestres. Entre ellas, el proyecto
AquaAtacama (ducto submarino) estima una inversión de US$ 8.082 millones y un costo de
transporte de alrededor de US$ 0,71 por metro cúbico, la Carretera Hídrica Tramo 1 (US$ 6.000
millones) y la Solución Hídrica Macrocentral (US$ 1.750 millones). Sin embargo, todas han
enfrentado trabas regulatorias, indefiniciones de gobernanza, solicitudes de subsidio estatal y
ausencia de una figura legal clara para concesiones de transporte de agua, lo que ha impedido su
avance.

La propuesta busca destrabar y viabilizar, bajo un marco claro y seguro, las iniciativas privadas de
carreteras hídricas actualmente en tramitación o estudio, declarando su interés público, priorizando
su evaluación ambiental y técnica, y estableciendo un modelo 100% concesional financiado por
privados, con tarificación por servicio y sin impacto significativo en el presupuesto nacional. El
objetivo es garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano en zonas de estrés hídrico
y habilitar suelo agrícola hoy improductivo, respetando en todo momento los caudales ecológicos
y la sustentabilidad de las cuencas donantes.

La implementación de la Red considera una secuencia de acciones y reformas:

1. Declaración de interés público de las iniciativas AquaAtacama, Carretera Hídrica Tramo 1
y Solución Hídrica Macrocentral, así como de otros proyectos equivalentes que cumplan con
criterios de sustentabilidad y prioridad de abastecimiento humano.

2. Reforma legal al Código de Aguas para:

• Incorporar un mandato expreso a la Dirección General de Aguas (DGA) para autorizar
  trasvases intercuencas, definiendo condiciones técnicas, prioridad de uso humano y
  respeto a caudales ecológicos.
• Crear la figura legal de “Concesión de Transporte Intercuencas” en el marco de la Ley
  de Concesiones de Obras Públicas, que reconozca que el concesionario presta un
  servicio de transporte y no adquiere derechos de aprovechamiento.
• Establecer un régimen reforzado de servidumbres para trazados terrestres y marinos,
  coordinado con concesiones marítimas para tramos submarinos.

3. Gobernanza y coordinación interinstitucional: se conformará un comité técnico de
implementación con MOP (Dirección General de Concesiones, DGA, DOH), Ministerio del
Medio Ambiente, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Gobiernos Regionales. Este comité
definirá prioridades, coordinará permisos y servidumbres, y garantizará el cumplimiento de
estándares ambientales y sociales.

4. Criterios para cuencas donantes: se priorizarán cuencas del sur con superávit, como
Valdivia, Bueno y Maullín, y se evaluará la incorporación de otras en función de balances
hídricos. En todos los casos se respetará el caudal ecológico y se prohibirán extracciones en
períodos críticos.

5. Modelo de financiamiento:

• Inversión 100% privada vía concesiones, evitando subsidio fiscal y garantías mínimas
  de ingreso.
• Recuperación vía tarifa por transporte de agua, diferenciada para consumo humano y
  agrícola.
• Posibilidad de contratos de suministro a largo plazo con sanitarias y cooperativas
  agrícolas receptoras como clientes ancla.

6. Etapas de implementación:

• Fase 1 (primer período de gobierno): licitación y construcción de uno o dos tramos
  estratégicos con alto impacto en seguridad hídrica, por ejemplo, tramos desde Maule–
  Biobío hacia la zona centro-norte.
• Fase 2: ampliación de la red para abastecer nuevas zonas agrícolas y urbanas
  deficitarias. Esta mecánica permite avanzar rápidamente en la construcción de
  infraestructura estratégica sin comprometer recursos fiscales, garantizando a la vez que
  el agua transferida cumpla con estándares ambientales y sociales estrictos y que la
  gestión del recurso responda a necesidades prioritarias de las personas y a objetivos de
  desarrollo productivo sostenible.