Propuesta 12.2: Plan nacional para identificar, priorizar y concesionar suelos con aptitud de
reconversión agrícola —con foco en predios fiscales y privados subutilizados— para expandir
la frontera productiva, crear empleo local y fortalecer MIPYMES y cooperativas, resguardando
bienes ambientales y patrimonio.
Chile enfrenta simultáneamente desertificación, sequía prolongada y subutilización de extensas
superficies con potencial de reconversión agrícola. En 2024, la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) reporta que “Praderas y Matorrales” cubren 29,5 millones de hectáreas (39,0% del
territorio), mientras los “Terrenos Agrícolas” suman 4,05 millones de hectáreas (5,3%) y las
“Áreas Desprovistas de Vegetación” alcanzan 17,43 millones (23,0%), sobre un total continental
cartografiado de 75,7 millones de hectáreas, y gran parte de la superficie no agrícola mencionada
no corresponde a áreas protegidas.
El Ministerio de Bienes Nacionales administra en torno a la mitad del territorio nacional (54,0%)
, y su régimen de “Concesión de uso a título oneroso” permite otorgar derechos de uso por plazos
determinados, hasta 50 años, cautelando el interés fiscal . Sobre esa base institucional, resulta
factible un plan de habilitación orientado a ampliar la superficie efectivamente utilizada con fines
agrícolas allí donde el potencial sea realista y ambientalmente compatible.
En términos macroeconómicos, dado que el agro silvícola aportó alrededor de 3,4% del PIB en
2024 , una expansión de superficie intensiva de +11% a +38% —con productividades promedio—
se traduciría, por simple regla de tres, en un incremento del orden de +0,36 a +1,30 puntos
porcentuales del PIB, sujeto al mix de rubros, rendimientos y dotación hídrica. En empleo, usando
como referencia que el agro reúne ~6,9% de las ocupaciones (aproximadamente 585 mil personas)
, el rango de expansión indicado sugiere del orden de +60 mil a +220 mil puestos, con intensidad
mayor si crece la fruticultura y hortalizas, y menor si prima ganadería extensiva
Este plan se orienta, por tanto, a identificar y habilitar suelos susceptibles de transformación
mediante tecnología y agua —no a intervenir patrimonio, áreas protegidas o sitios de alto valor
cultural—, priorizando donde el impacto socioeconómico y el empleo local sean mayores y donde
la seguridad hídrica y ambiental pueda garantizarse. La evaluación ambiental se somete al SEIA
conforme a la Ley 19.300 .
El Plan nacional se desglosa a continuación:
- Gobernanza y coordinación. El Ministerio de Agricultura liderará el plan, en coordinación
estrecha con el Ministerio de Bienes Nacionales —por el régimen de concesiones—, CIREN
—por información de suelos y SIG— y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) —por
resguardos sanitarios—. Se incorporarán universidades y centros regionales para
caracterización local, y gobiernos regionales para alinear inversiones en conectividad y
caminos. Las concesiones sobre bienes fiscales siguen el régimen de uso oneroso (plazos
máximos de 50 años), sin enajenación de dominio. - Catastro Único Nacional de Suelos (CUNS). Durante los dos primeros años se levantará
y publicará un CUNS con: (i) integración de cartografías oficiales (CONAF, CIREN,
DGA/agua, catastros viales), (ii) exclusiones automáticas de áreas protegidas, humedales,
sitios de alto valor patrimonial y áreas de amortiguación ecológicas, y (iii) criterios de aptitud
orientados a la transformación: pendiente y erodabilidad manejables; profundidad y textura del
suelo; acidez corregible; disponibilidad o factibilidad de riego (superficial, embalses, recarga,
pozos con balance sustentable); cercanía a infraestructura y mercados; viabilidad ambiental y
social; certeza de tenencia. El CUNS publicará mapas de oportunidad con tres niveles de
madurez: habilitación rápida (p. ej., praderas/matorrales con acceso hídrico factible y baja
intervención); intermedia (obras de agua y corrección de suelos); y compleja (requerirá mayor
inversión o etapas secuenciales). - Priorización por interés público. Se establece un índice de priorización que ponderará:
empleo local esperado y calidad del empleo; impacto en productividad y encadenamientos;
costo público directo de habilitación (se minimiza); compatibilidad hídrica y ambiental; y
participación de MIPYMES/cooperativas. El índice guía la agenda anual de licitaciones
regionales. - Modalidades de concesión.
a. Predios fiscales. Concesión de uso oneroso con plazos orientativos según ciclo productivo:
hasta 15 años renovables para cultivos anuales y forrajes; y plazos acotados a la vida útil del
proyecto para frutales/viñas o inversiones mayores (con límite de 50 años). Prohibición de
subarriendo y de rentas no agrícolas no declaradas en el proyecto. Causales de caducidad por
no uso, incumplimiento ambiental o falsedad de antecedentes, de acuerdo a la legislación
vigenteb. Predios privados subutilizados. No hay afectación de dominio: se ofrecerán ventanas de
financiamiento e incentivos habilitantes (caminos, riego, conectividad digital) y créditos con
garantía estatal para pequeños/medianos. - Bases de licitación y requisitos. Podrán postular agentes que demuestren capacidad técnica
y financiera para ejecutar la explotación; se privilegiará a MIPYMES y cooperativas. Las bases
exigirán: metas de empleo y producción, plan de manejo sustentable del suelo (encalado si
corresponde, manejo de erosión, rotaciones), plan hídrico (fuente, eficiencia, resguardo
ecológico) y Plan de Cierre/Restitución. Para pequeños se contemplan “exenciones
justificadas” ante problemas técnicos o climáticos que pongan en riesgo la continuidad, sin
perder la concesión, con medidas de apoyo y reprogramación. - Financiamiento y costo fiscal. El costo directo para el presupuesto se concentra en el
CUNS, la gestión de licitaciones y asistencia técnica a pequeños; la inversión productiva en
predios concesionados la financian los adjudicatarios. Pequeños y medianos accederán a
créditos con garantía estatal orientados a riego, corrección de suelos y capital de trabajo;
grandes actores financiarán con recursos propios o bancarios. La experiencia internacional
sugiere efectos significativos en empleo y valor agregado cuando la habilitación se acompaña
de riego tecnificado y encadenamientos. - Planificación Años 1–2: Catastro Único y carteras regionales priorizadas; Años 2–3:
licitaciones y adjudicaciones; Año 4: entrada en régimen de operación y evaluación intermedia.
Monitoreo público anual de hectáreas habilitadas, empleo y cumplimiento ambiental.
