Propuesta 17.2: Establecer una Política Nacional de Infraestructura y Logística Estratégica
para Chile buscando que este eje se consagre como una política de Estado bajo la alianza
público – privado.

Acorde a los datos del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), actualmente Chile invierte en
torno al 2,5% del PIB en infraestructura pública (incluyendo concesiones), mientras que países
que han alcanzado altos niveles de desarrollo han sostenido inversiones cercanas al 5%. Es más,
el nivel de inversión en infraestructura de uso público continua posicionandose por debajo de los
estándares reconocidos mundialmente. En tanto los recursos provenientes del presupuesto público
destinados a esta bordearon el 2,1% del PIB en promedio durante los tres ultimos años (CPI N°7,
2023). Junto a ello, menos del 15% de la inversión total la realiza actualmente el Estado, mientras
que mas del 85% restante recae en el sector privado. Frente a ello, los desafíos en esta materia se
relacionan con las trabas que afrontan los procesos de inversiones con una sumatoria de leyes,
normas y reglamentos que se han ido acomulando en el tiempo y que dificultan la coordinación,
ejecución y seguimiento de proyectos (Documento Estratégico y Guía para la Acción 2026 – 2030).

La Política Nacional de Infraestructura y Logística Estratégica para Chile se compondrá de las
siguientes acciones estratégica:

1. En materia infraestructural:

A) Priorización de proyectos estratégicos. Realizar una selección de un numero de proyectos
estratégicos (20 – 30 proyectos) que permitan activar inversión prívada generar beneficios
ciudadanos visibles e implementarlos bajo un regimen de urgencia mediante herramientas
normativas presidenciales (Decretos Supremos) para declarar prioridad nacional estratégica
buscando simplificar trámites sin sacrificar estándares técnicos-ambientales.

B) Dotar a los gobiernos regionales de mayor capacidad para definir y gestionar proyectos con
incidencia y participación en la cartera de proyectos nacionales conectando con el portafolio de
InvestChile y Dirección General de Concesiones del MOP, entre otras.

C) El Decreto Supremo N° 75 del Ministerio de Obras Públicas es el instrumento operativo que
traduce la política pública en acción concreta. A partir de esto, se iniciará un paquete de
modificaciones vía potestad reglamentaria para modernizar, agilizar y dotar de eficiencia la
contratación de obras públicas críticas para las regiones de nuestro país. A saber:

• Introducir en el artículo 5 del DS N° 75 criterios de territorialidad y urgencia social como
  elementos interpretativos prioritarios en caso de ambigüedad para que se privilegie la
  solución que favorezca zonas rezagadas o proyectos críticos para las regiones del país.
• Incorporar en el artículo 6 del DS N° 75 plazos diferenciados bajo el criterio de urgencia
  territorial, priorizando comunas con déficit de infraestructura crítica, vinculándolo con
  mecanismos de aceleración contractual para zonas afectadas por emergencias o brechas.
• Considerar modelos híbridos/flexibles de ejecución que se adapten a proyectos en
  territorios con alta incertidumbre técnica (ej. zonas rurales) para evitar sobrecostos y
  paralizaciones.
• Implementación del Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias, sistema que
  permite anticipar y resolver disputas antes que escalen a tribunales mediante dispute boards
  (comités técnicos de acompañamiento a la ejecución de contratos y resolución de conflicto
  real), mediación administrativa (procesos semi-vinculantes que buscan acuerdos previos a
  la judicialización), y arbitraje rápido (formulas simplificadas que resuelven controversias
  contractuales).

D) Proponemos adoptar una Regla Fiscal de Inversión Pública que garantice una inversión
progresiva segura en infraestructura pública hacia el 3,5% del PIB durante 10 años revisable cada
5 años. Con esto buscamos mantener un balance que de espacio fiscal suficiente para otras
prioridades (educación, salud, seguridad) sin comprometer el balance estructural. Este eje se
compatibilizará con los criterios de austeridad y eficiencia presentados en el área estratégica
número 1 (Estado consciente, Estado inteligente).

E) La Ley N.º 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido (FUC), herramienta que activa
inversión privada en obras urbanas (plazas, calles, parques, etc.) mediante contratos de
participación entre municipios, SERVIU y terceros, ha sido subutilizada dada la inexperiencia
técnica de los municipios, barreras políticas, entre otras. Para estimular la aplicación de la Ley
proponemos:

• Crear un portafolio nacional de proyectos FUC con asistencia técnica del Ministerio de
  Vivienda y Urbanismo y financiamiento semilla.
• Incluir el FUC en los planes reguladores comunales como mecanismo de ejecución
  prioritaria.
• Establecer incentivos fiscales o garantías públicas para atraer inversión privada en zonas
  urbanas vulnerables, en especial las comunas que dependen prioritariamente del Fondo
  Común Municipal.
• Capacitar a municipios en estructuración de contratos, valorización de contraprestaciones
  y gestión de riesgos.

F) Adaptar la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales para que reconozca la naturaleza
comunitaria del Sitema de Agua Potable Rural (APR) el cual se rige bajo comités o cooperativas
gestionada por vecinos. Se les brindará asesoría técnica y apoyo basado en la colaboración público
– privado – académico. Se buscará priorizar estas soluciones, al igual que la promoción de
saneamiento y rehuso de aguas tratadas, como recurso adicional en zonas rurales.

G) Infraestructura Digital. Buscaremos facilitar el uso de la franja fiscal, así como fortalecer la
normativa aplicable al acceso para proveedores de infraestuctura en propiedades verticales,
comunidades y copropiedad inmobiliaria para el despliegue de redes compartidas, y la instalación
de torres de telecomunicaciones para reducir costos y aumentar la coberturas en zonas rurales y de
dificil acceso.

H) Chile está en plena transición hacia convertirse en un hub digital latinoamericano, pero aún
carece de un marco regulatorio robusto y específico para data centers. Por ello plantearemos la
creación de un marco regulatorio específico para data centers, junto a la Asociación Chilena de
Data Centers y otros actores vinculados, que garantice sostenibilidad y seguridad jurídica.

2. En materia logística:

A) La Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG), es una instancia asesora del
Presidente para articular políticas, planes y proyectos que fortalecen el sistema logístico nacional.
No obstante, esta comisión ha sido subutilizada dado que fue pensada principalmente para la
Macro Zona Central y ha tenido poca visibilidad pública. Se propone que la comisión pueda
planificar infraestructura y su operación, en conjunto con el Ministerio de Transportes, Hacienda,
Obras Públicas, Economía, SEP y SEGPRES, mas otros actores vinculados a logística.

B) Perfeccionar el marco normativo y regulatorio del borde costero para optimizar el uso y la
integración de puertos públicos y privados, facilitando la inversión y el desarrollo productivo; así
como la interoperabilidad digital aduanera de Chile. Se avanzará en una reforma de la Política
Portuaria existente buscando paralelamente impulsar la construcción del Puerto Exterior (zona
central) y las ampliaciones en Valparaíso y la Región del Bío-Bío, así como el desarrollo de los
puertos del norte para el corredor bioceánico de Capricornio.

C) Avanzar aceleradamente en la armonización aduanera/ regulatoria, y un protocolo logístico
único, entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil para el buen funcionamiento normativo-logístico
del corredor bioceánico de Capricornio bajo el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35
(ACE-35) del Mercosur.

D) Actualmente los ferrocarriles transportan la misma carga que hace 12 años. Por ello se vuelve
necesario aumentar la participación en el transporte de carga identificando tramos prioritarios,
focalizando las inversiones para mejorar la infraestructura, permitiendo operar a velocidades más
altas, con trenes mas largos y con mayor toneladas por eje. Junto a ello, se propone la extensión
de lineas finales a los principales centros de carga y la reestrcutruacion de funciones de EFE para
potenciar su rol como proveedor de infraestructura. Cabe destacar que hoy EFE opera como
administrador de infraestructura, pero con foco en pasajeros, por lo cual se vuelve imperante su
reorientación hacia carga. En efecto, según el CPI, duplicar la participación del ferrocarril en la
logística nacional podría reducir los costos logísticos en hasta un 30% en ciertos corredores.