Propuesta 4.4: Diseño y ejecución de una Nueva Política Nacional de Inteligencia Integral
contra el Crimen Organizado y Terrorismo (2026 – 2030).

Cabe destacar que la actual Política Nacional contra el Crimen Organizado data del año 2022,
quedando desactualizada frente al nuevo contexto tanto institucional (creación de un nuevo
Ministerio de Seguridad Pública en el 2025), como normativo (fast track de nuevas leyes que se
aprobaron en materia de seguridad, criminología e inteligencia económica).
Por otra parte, el Crimen Organizado debe cumplir una definición más completa. Para ello la
Nueva Política tomará la definición De La Corte Ibáñez y Giménez-Salinas Framis (2015): “toda
organización creada con el propósito expreso de obtener y acumular beneficios económicos a
través de su implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas y que asegure su
supervivencia, funcionamiento y protección mediante el recurso a la violencia y la corrupción o
la confusión con empresas legales” (p.21).

Un concepto clave a partir de la definición de los autores es la corrupción, la cual va de la mano
con el uso de la política para acceder ambigüedades, laxitudes y favores con el fin de penetrar e
instalar empresas ilícitas en tierra nacional (Chabat, 2005; De La Corte Ibáñez y Giménez-Salinas
Framis, 2015; Sampó et.al,2017; Freire, 2023; Barreiro, 2024). En consecuencia, el diseño de la
nueva política contemplará como condición sine qua non los siguientes pilares:

Pilar Estratégico 1: Fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional.

• Objetivo específico: Consolidar una arquitectura estatal robusta y coordinada para
  enfrentar el crimen organizado.
• Acciones estratégicas:

a) Creación de Proyecto de Ley que crea la Agencia Nacional de Inteligencia Integral contra el
Crimen Organizado y Terrorismo (ANICOT) la cual será autónoma, con facultades de inteligencia,
análisis financiero y coordinación operativa. Este propondrá la disolución del Departamento de
Crimen Organizado del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, puesto que no puede ser un
organismo que dependa de la variable confianza política de un ministerio sino más bien, a un
componente técnico, pragmático, científico y criminalístico. Así mismo, propondrá una
reestructuración profunda de la actual Agencia Nacional de Inteligencia, traspasando sus
capacidades instaladas a la nueva ANICOT, la cual tomará su lugar en la estructura jurídica,
institucional, técnica y profesional.

b) La ANICOT tendrá un perfil exclusivamente técnico-profesional, por lo cual contará con
procesos de selección de alta exigencia, excluyendo el ingreso de cualquier profesional que tenga
antecedentes penales y/o esté en una investigación administrativa o de tipo judicial, milite en un
partido político y haya participado en cargos de alta dirección pública en gobiernos anteriores. Se
potenciará en especial perfiles profesionales que permitan la estructuración de una inteligencia de
datos propia de la Agencia, tales como informática, programación, data mining, expertos en
metodología de la investigación criminal y social, gestores de modelos predictivos experimentales
– cuasiexperimentales, entre otro/as.

c) La ANICOT contará con una Academia Nacional de Inteligencia Integral cuyo objetivo será la
profesionalización del sistema de inteligencia civil, formación interinstitucional para su dotación
propia, PDI, Carabineros, Fuerzas Armadas y civiles especializados, y la adaptación a amenazas
modernas: crimen organizado, ciberseguridad, inteligencia financiera, entre otros. Su oferta
académica. Contará con una articulación regional basado en convenios marco de cooperación
científica – académica y tecnológica con academias de inteligencia en Brasil, Perú, Colombia,
Estados Unidos, Reino Unido, Japon, Corea del Sur y otros países que estén a la vanguardia en
materia de inteligencia.

d) Establecimiento de un Sistema Integrado de Datos e Información Criminal – Terrorista “Axón”
entre Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas, SII [Subsistema de Inteligencia Económica
(SIE)], Ministerio Público, ANI, Unidad de Análisis Financiero, nuevas Unidades Especializadas
Antiterroristas, Registro Civil, Interpol, Servicio Nacional de Migración [contemplando datos de
empadronamiento biométrico], Municipios y Gobiernos Regionales con un 90% de
interoperabilidad. Para ello se utilizará el paragua normativo de la Ley N° 21.180 de Digitalización
del Estado.

e) Diseño de protocolos de interoperabilidad tecnológica entre instituciones conjunto a áreas
educativas expertas en ciberseguridad y empresas de ethic hackers.

Pilar Estratégico 2: Persecución patrimonial y financiera

• Objetivo específico: Desarticular las estructuras económicas- financieras que sostienen el
  crimen organizado.
• Acciones estratégicas:

a) Fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con atribuciones investigativas y acceso
directo a bases bancarias.

b) El sistema Axón (propuesto en la letra c, Pilar Estratégico 1), centralizará datos del Registro de
Empresas de SII para su trazabilidad y prevención financiera junto con la Unidad de Análisis
Financiero y el SIE.

c) Apoyar en dar la máxima celeridad a la aprobación del Proyecto de Ley que levanta el secreto
bancario.

d) Adquisición y uso de tecnología blockchain forensics para investigar, rastrear y analizar
transacciones en redes blockchain para detectar actividades ilícitas, identificar responsables y
fortalecer la seguridad digital, y prevenir su ocultamiento en distintas carteras digitales o e-market
& e-commerce.

e) Sumar a Chile en un futuro proyecto PACCTO 3.0 junto a la Unión Europea y la Interpol para
poder desarrollar plataformas de análisis geoespacial nacional para mapear rutas del narcotráfico
bajo el marco de colaboración internacional científica – tecnológica con países con casos exitosos;
así como tener acceso y participación en la Red Regional de Investigación de Fugitivos (REFINE)
de Interpol.

Pilar Estratégico 3: Prevenir Inteligentemente y blindar nuestro país.

• Objetivo específico: Anticipar y neutralizar amenazas mediante análisis avanzado y
  educativo.
• Acciones estratégicas:

a) Diseñar e implementar protocolos de vetting y control de confianza para funcionarios en zonas
críticas (fronteras, puertos, aduanas) y en especial a fuerzas de seguridad (policías, inteligencia,
defensa), funcionarios de alto nivel con acceso a información sensible o toma de decisiones
estratégicas y contrataciones públicas, especialmente en áreas de infraestructura, justicia,
migración y finanzas.

b) Alianzas con bancos y fintechs para mejorar la trazabilidad de operaciones sospechosas junto a
la Agencia Nacional de Inteligencia Integral contra el Crimen Organizado y Terrorismo
(ANICOT), Subsistema de Inteligencia Económica (SIE).

c) Alianzas entre el Ministerio de Educación, CFTs, IPs, Centros de Estudios de las Facultades de
Administración y Negocios, Facultades de Pedagogías Básica y Media, Agencia Nacional de
Inteligencia Integral contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ANICOT), Subsistema de
Inteligencia Económica (SIE), para la introducción escalada de la educación financiera y ética
empresarial en el curriculum nacional nivel básico y medio, con un enfoque educativo proactivo
(como ahorrar, alfabetización financiera,etc.) así como disuasivo (enseñar lo que es ilegal,
peligroso, grave, etc.).

d) Extender la alianza de la letra f, hacia Municipios y Gobiernos regionales para su aplicación en
sectores vulnerables a infiltración criminal desde la óptica de la oferta y demanda (ej.: comercio
informal en comunas, comités de seguridad, uniones comunales, etc.).