Se propone que las remuneraciones del aparato público tengan un tope máximo. Para el Presidente de la República el tope máximo es de $5.000.000 y nadie podrá ganar más que la máxima autoridad en el aparato ejecutivo y legislativo. Se propone eliminar los llamados “colgajos o productividades” en las liquidaciones de sueldo. Entre los cargos con tope de remuneraciones se incluyen las empresas del estado como TVN, ENAP y Codelco, donde el tope se aplica en las áreas administrativas, pero no en las operativas. Esta política incluye a los asesores y al personal a honorarios. Con esto se espera recaudar aproximadamente US$4.000.0000.000. Toda excepción deberá ser vista por el consejo de política fiscal y con toma de razón de la Contraloría General de la República.